La relevancia del referendo escocés para Puerto Rico

El pueblo de Escocia ayer celebró un referendo para escoger entre preservar la unión de Escocia con los demás países del Reino Unido (que incluyen a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) o adoptar la independencia. Una mayoría de los electores rechazó la independencia y favoreció la permanencia de Escocia en el Reino Unido.

Este suceso surge ya que en el 2012 el primer ministro británico David Cameron y el ministro principal escocés Alex Salmond acordaron celebrar un referendo vinculante para decidir el futuro político de Escocia. Dos años después, el Parlamento del Reino Unido cumplió con lo prometido.

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Mientras tanto, en Puerto Rico, bien gracias. El Congreso de los Estados Unidos no le ha brindado a los puertorriqueños un proceso vinculante sobre estatus en los 116 años desde que asumió soberanía sobre Puerto Rico. El último proyecto de ley sobre estatus para Puerto Rico, el H.R. 2000 del Comisionado Residente Pedro Pierluisi, no recibió atención del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representates federal y, ante la proximidad de las elecciones 2014, murió engavetado.

La ironía no podría ser mayor. El Reino Unido, cuyo abuso colonial propició la creación de los Estados Unidos, ayer dio cátedra democrática. Mientras, el Gobierno de los Estados Unidos, sucesor de las 13 colonias que lucharon por su libertad, atenta contra su propia imagen como portaestandarte global de la democracia al mantener a Puerto Rico en estado de coloniaje.

ballot_paperCabe resaltar que la papeleta de la votación escocesa fue un monumento a la simpleza y la eficacia. Como vemos en la foto a la izquierda, la misma le preguntó a los electores: “Debería Escocia ser un país independiente?”, sí o no. Así de sencillo. La papeleta no incluyó opciones engañosas (“ELA soberano“) o inválidas  (“ELA mejorado“). Tampoco incluyó descripciones innecesariamente complejas.

Al considerar la simpleza de la papeleta, no sorprende entonces la claridad del resultado, en el cual el 55% de los electores escoceses rechazaron la independencia. Sin duda, las consultas más simples producen los resultados más contundentes. Esto porque no dejan espacio para idear conjeturas sobre la intención del elector.

Por otro lado, la reacción de ciertos medios periodísticos en Puerto Rico a los resultados del referendo de Escocia contrastan con su cobertura de los resultados del plebiscito de estatus del 2012. La terminología usada es particularmente reveladora. Sobre Escocia, El Nuevo Día consideró que los escoceses “rechazaron por amplio margen la independencia” y que el “No” “arrasó” al obtener un 55 por ciento. Todavía esperamos que apliquen adjetivos de tal contundencia para describir la victoria del “No” (54 por ciento de los votos) y de la estadidad (61 por ciento) en Puerto Rico. Asimismo, el reportaje sobre Escocia tampoco incluye editoriales del periodista José Delgado adjudicando papeletas en blanco como votos en contra de la opción de estatus que el Grupo Ferré Rangel rechaza.

A la par, resulta irónico que el presidente demócrata Barack Obama celebró el voto unionista de los escoceses, mientras que durante su presidencia ha callado sobre los derechos civiles de 3.8 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico. Obama incluso se comprometió en el 2009 a resolver el problema de estatus de Puerto Rico durante su primer término, promesa que incumplió.

Screen Shot 2014-09-19 at 7.26.43 PMEs indignante que nuestro presidente opine sobre el estatus político de un país foráneo pero ignore el reclamo de estadidad plasmado en las urnas por sus propios conciudadanos el 6 de noviembre de 2012. Al fin y al cabo, el último presidente en apoyar públicamente la estadidad fue el republicano George H. W. Bush, precedido este por los también republicanos Ronald Reagan y Gerald Ford.

Finalmente, del ejemplo de Escocia se desprende que si a los puertorriqueños se nos consulta nuevamente sobre el estatus de Puerto Rico, aún con el claro mandato de noviembre del 2012, merecemos un proceso vinculante con opciones claras: estadidad o independencia. La presentación de estas dos opciones en un referendo nos permitirá a los puertorriqueños conformar un mandato mayoritario y contundente que resuelva nuestro eterno problema de estatus.

En fin, el ahora ex ministro principal escocés Salmond indicó que la votación de ayer decidió el asunto de la independencia para Escocia por una generación. Tarde o temprano Escocia celebrará otra consulta. Mientras tanto, luchemos para que los puertorriqueños podamos decidir nuestro futuro antes de que Escocia se nos adelante nuevamente y haga lo propio.

* * *

NOTA: José Cabrera Costas (@JCabreraCostas) es abogado, notario público y propietario de Cabrera Costas Law Office. En el 2007 reactivó el Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA) y fue su Presidente Nacional hasta el 2009.  Luego lanzó el Proyecto Estrella para orientar sobre la estadidad de cara al plebiscito de estatus del 2012. Ha discutido sobre la estadidad en programas como The Stream de Al Jazeera America.

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Sobre el proyecto de admisión

Por: Lcdo. José Cabrera Costas

Existe un grado de confusión respecto a los próximos pasos a seguir en el proceso de convertir a Puerto Rico en estado.  Procede una clarificación.

La mayoría del electorado refrendó la estadidad en el plebiscito del pasado 6 de noviembre.  Ese resultado fue contundente y constituye la primera vez que el Pueblo endosa mayoritariamente la estadidad para Puerto Rico.   Ese triunfo estadista no necesita reconfirmación.

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Ahora bien, el Congreso, en el proceso de admitir a Puerto Rico como estado y dentro de sus prerrogativas constitucionales, puede requerir que el Pueblo apruebe o rechace los términos de admisión para Puerto Rico contenidos en una acta de admisión.  (Véase Grupo de Investigadores Puertorriqueños, Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood).

Una acta de admisión sirve como una oferta de estadidad que el Congreso le brinda al territorio.  La acta ofrecería tanto condiciones que el Congreso entienda necesarias para la admisión como concesiones que el Congreso quiera hacer a favor del nuevo estado de Puerto Rico.  Según mencionamos arriba, el Congreso podría requerirle al Pueblo de Puerto Rico aceptar o rechazar los términos de este “contrato” de estadidad entre el Congreso y el territorio.

En lo pertinente, una consulta para ratificar una acta de admisión es diferente a un nuevo plebiscito “estadidad sí o no”.  A saber, no es lo mismo preguntar si queremos o no la estadidad, cosa que ya contestamos en la afirmativa el pasado 6 de noviembre, que preguntar si aceptamos los términos y condiciones de una acta de admisión que ofrezca el Congreso, cosa que no hemos hecho.

Mañana el Comisionado Residente Pedro Pierluisi a todas luces radicará un proyecto de admisión.  Entendemos que la nueva consulta que el Comisionado ha mencionado en los medios se refiere a un referendo para ratificar una futura acta de admisión, no una nueva consulta “estadidad sí o no”.  Confiamos en que así será.

Así las cosas, mañana promete ser un día histórico para Puerto Rico.  Por primera vez se radicará un proyecto de admisión amparado en un mandato del Pueblo.

Como sabemos, lograr la igualdad es tarea de todos.  Trabajemos entonces para que el Congreso atienda nuestra petición de estadidad.  Así daremos a respetar nuestro voto y encaminaremos a Puerto Rico hacia un mejor futuro.

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José Cabrera Costas es abogado y fue Presidente de la Asociación de Estudiantes Estadistas de Puerto Rico (PRSSA, por sus siglas en inglés).

Sobre un plebiscito federal

Entendemos que un plebiscito adicional es redundante considerando que el Pueblo ya rechazó la colonia y pidió la estadidad el pasado 6 de noviembre de 2012.  Lo que procede es radicar un acta de admisión.

No obstante, la propuesta del Presidente Barack Obama de destinar $2.5 millones en el presupuesto federal 2014 para un nuevo proceso plebiscitario abre las puertas a que el Congreso por primera vez celebre un plebiscito de estatus vinculante.

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Cabe resaltar que el mismo ofrecería opciones de estatus no territoriales, permanentes y permisibles bajo la Constitución de los Estados Unidos.  Por ende, el estatus territorial actual sería descartado por ser territorial y el “ELA mejorado” sería descartado por ser ilusorio e incompatible con el ordenamiento constitucional americano.

Este anuncio demuestra cuán inválido e insostenible es el estatus territorial actual a la luz de los resultados del pasado plebiscito.   Los puertorriqueños retiramos nuestro consentimiento a ser gobernados bajo un régimen colonial y exigimos la igualdad plena en derechos y responsabilidades como ciudadanos americanos.

Aunque los resultados del pasado plebiscito del 6 de noviembre fueron claros y contundentes, apoyamos la celebración de un plebiscito federal si uno se presenta.  Todo estadista debe estar preparado para luchar por su ideal cuantas veces sea necesario

Así como lo hicimos en el 2012, volveremos a dar la batalla educando sobre la estadidad y aportaremos a otra victoria contundente a favor de la igualdad para todos los puertorriqueños.

Lcdo. José Cabrera

El legado de igualdad de Ramón Power y Giralt

Por: Lcdo. José Cabrera Costas

Ramón Power y Giralt es una figura cuyo legado, doscientos años después de su muerte, promueve la igualdad en derechos y libertades para todos los puertorriqueños.

Ante la llegada a Puerto Rico de los restos de Power, en gran medida un proyecto para acaparar la atención, impulsar el nacionalismo y obviar los evidentes problemas de la Administración García Padilla, procede que reconozcamos el verdadero legado de este ilustre puertorriqueño.

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Power nació en San Juan, de padres españoles y recibió su formación académica en España.  Acto seguido, Power enlistó en la Armada Española, adquirió el rango de capitán y luchó de 1808 a 1809 en la defensa española de Santo Domingo ante las fuerzas navales de la Francia napoleónica.

Power es recordado en la historia puertorriqueña porque fue electo en 1810 para representar a Puerto Rico como diputado en las Cortes de Cádiz en España.  Estas cortes fungían como una legislatura nacional española.  Power sirvió en esta legislatura hasta el momento de su temprana muerte en 1813 a causa de la fiebre amarilla.  (Véase Fernando Picó, Historia general de Puerto Rico).

Power fue electo vicepresidente de las Cortes por sus compañeros diputados.  Como diputado, Power fue propulsor de la Ley Power, una medida que designó a Fajardo, Aguadilla, Mayaguez, Cabo Rojo y Ponce como puertos de libre comercio, entre otras medidas para robustecer la economía de Puerto Rico.

Durante su incumbencia, las Cortes aprobaron la Constitución española de 1812, la primera constitución en la historia de España.  Esta constitución, de corte liberal, proveía una serie de derechos y libertades que beneficiaron a los españoles, incluidos los residentes de Puerto Rico.  En particular, todos los nacidos en las colonias españolas en el Nuevo Mundo, incluyendo a Puerto Rico, adquirieron la ciudadanía española.  Además, bajo esta Constitución, Puerto Rico tenía voz y voto en las Cortes.  Aunque estas libertades fueron abrogadas en 1814, Power logró en vida, a través de la legislatura española, que los puertorriqueños disfrutaran de unos derechos y libertades que no habían tenido previamente.

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En esencia, Power fungió como una especie de comisionado residente en España.   Claro está, Power tenía voto en las Cortes de Cádiz, algo que los comisionados residentes en Washington carecen.  En ese sentido, fue el representante puertorriqueño ante la metrópolis con mayor poder político en la historia de Puerto Rico.

Resulta irónico que ciertos sectores nacionalistas ilógicamente adopten a la figura de Power como portaestandarte cuando Power promovió tanto la integración de Puerto Rico a España como la igualdad entre puertorriqueños y los demás ciudadanos españoles.

Power demostró que, en su tiempo, se podía ser un patriota puertorriqueño y un buen español.  Nos corresponde ahora a las presentes generaciones honrar el legado de Power y hacer realidad su mayor propósito, lograr la igualdad en derechos y responsabilidades para todos los puertorriqueños.

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NOTA: José Cabrera Costas (@JCabreraCostas) es abogado, notario público y propietario de Cabrera Costas Law Office. En el 2007 reactivó el Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA) y fue su Presidente Nacional hasta el 2009.  Luego lanzó el Proyecto Estrella para orientar sobre la estadidad de cara al plebiscito de estatus del 2012. Ha discutido sobre la estadidad en programas como The Stream de Al Jazeera America.

La doctrina de incorporación: desplazo de la Ordenanza Noroeste por el Tribunal Supremo

Por: Lcdo. José Cabrera Costas

INTRODUCCIÓN

La historia constitucional americana sufrió cambios trascendentales luego que los Estados Unidos adquirieron posesiones ultramarinas como resultado de la Guerra Hispanoamericana de 1898. A pesar de que ya existía un modelo de expansión provisto por la Ordenanza Noroeste de 1787, surgió una controversia legal sobre cómo encajaban estas nuevas posesiones ultramarinas dentro del ordenamiento legal americano y qué se deberían hacer con ellas.  El Tribunal Supremo de los Estados Unidos respondió adoptando una nueva teoría de incorporación que le permitió a los Estados Unidos poseer de manera indefinida territorios que no forman parte de la nación pero que le pertenecen.

EL MODELO DE EXPANSIÓN DE LA ORDENANZA NOROESTE

Desde los comienzos de la república, los Estados Unidos se expandieron en virtud de la Ordenanza Noroeste de 1787.[1]  El Congreso de la Confederación aprobó esta ordenanza para organizar y disponer de los territorios que los Estados Unidos poseían al noroeste del Río Ohio.  Esta área geográfica incluye los hoy estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin y Minnesota.[2]  Posteriormente, en 1789 el primer Congreso de los Estados Unidos adoptó la Ordenanza Noroeste como la política territorial de la nación y el Presidente George Washington la convirtió en ley. [3]

Entre otras consideraciones,[4] la Ordenanza Noroeste estableció el primer esquema de organización de territorios en la historia de los Estados Unidos.  La ordenanza detalló un proceso de tres etapas en el que se establecería un gobierno territorial para administrar el territorio.[5]  No obstante esta medida de autogobierno, del texto se desprende que el Congreso retenía poderes plenarios sobre los territorios consistente con la Cláusula Territorial de la Constitución, la cual indica que “el Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al Territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos”.[6]

Northwest-OrdinanceEl proceso de desarrollo territorial eventualmente culminaría en la admisión del territorio como estado. [7]  A saber, el preámbulo de la Ordenanza Noroeste especificó que el gobierno territorial sería temporero.[8]  La ordenanza asumió que la designación como “territorio” sería un estatus temporero que eventualmente conllevaría la admisión del territorio como estado cuando el territorio cumpliera con ciertos requisitos.[9]

El Tribunal Supremo en Loughborough v. Blake comparó este proceso con el desarrollo desde un estado infantil hacia la hombría. [10]  El Tribunal entendió que los territorios lograrían la completa igualdad tan pronto maduraran y alcanzaran la hombría.  Asimismo, el Tribunal sentenció que el carácter temporero del estatus territorial hacía posible reconciliar el negarle representación democrática a los residentes del territorio con el espíritu republicano de la Constitución.

En lo referente a requisitos para la estadidad, la ordenanza en su Artículo V detalló que el territorio sería admitido como estado cuando su población llegara a los 60,000 habitantes y su constitución estatal fuera de carácter republicano y fiel a los principios consagrados en la ordenanza.[11]  A modo de excepción, reconoció la discreción del Congreso para admitir un territorio que no contara con 60,000 habitantes si hacerlo era consistente con el interés general de la república.  Cumpliendo con estos requisitos, el nuevo estado entraría en igualdad de condiciones a los trece estados originales.[12]

La Ordenanza Noroeste sentó un precedente procesal. El profesor Bartholomew Sparrow aduce que el tema de la expansión territorial de la república recibió poca atención tanto en la Convención Constitucional de 1787 como en el texto de la Constitución debido a que, al momento de redactarse esta última, los delegados de la convención ya estaban familiarizados con el mecanismo de expansión de la Ordenanza Noroeste. [13]  Según demuestra la historia, 32 territorios siguieron el patrón de desarrollo territorial delineado por la Ordenanza Noroeste y cada uno de ellos fue admitido como estado.[14]

Como vemos, la política pública del gobierno federal desde 1789 era incorporar los territorios que los Estados Unidos adquirieran para luego convertirlos en estados de la Unión. No obstante, esta normativa enfrentó un gran reto cuando los Estados Unidos adquirieron posesiones ultramarinas como resultado de la Guerra Hispanoamericana.

LOS NUEVOS TERRITORIOS PROPICIAN GRAN DEBATE

En 1898 los Estados Unidos triunfaron sobre España en la Guerra Hispanoamericana.  Como parte del Tratado de París, España cedió a los Estados Unidos el control de Filipinas, Guam y Puerto Rico.  En específico, el Tratado en su Artículo IX indica que el Congreso determinará los derechos civiles y el estatus político de los habitantes nativos de los territorios cedidos.[15]

La adquisición de estas nuevas posesiones ultramarinas propició un gran debate académico, político y legal sobre qué hacer con estas nuevas posesiones.  En particular, el conflicto teórico se centró en qué específicamente eran los Estados Unidos y cómo estas posesiones encajaban en la estructura nacional.

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La primera teoría entendía que los Estados Unidos eran los estados exclusivamente.[16]  Los territorios no eran parte de la nación y eran esencialmente naciones foráneas.  Por tanto, posesiones como Puerto Rico eran ajenas a los Estados Unidos aunque la bandera de la Unión ondeara en su jurisdicción.  El Congreso podría administrar estas posesiones según dicta la Cláusula Territorial. Esta era la posición de figuras como Christopher Columbus Langdell, ex decano de la Escuela de Derecho de Harvard.[17]

Al contrario, los exponentes de la segunda teoría argumentaban que los Estados Unidos se componían de los estados y los territorios.  Citaban la opinión del Tribunal en Loughborough v. Blake en la cual el Tribunal indicó que los territorios forman parte de Estados Unidos.  En ese caso, el Juez Presidente John Marshall, escribiendo por la mayoría, argumentó que el Distrito de Columbia y los territorios al oeste de Missouri eran tan parte de los Estados Unidos como los estados de Maryland o Pensilvania.[18]

Asimismo, según escribió el historiador Max Farrand en 1900, la base del sistema territorial americano era que los territorios se consideraban estados en crecimiento y futuros miembros de la Unión. [19]  Por tanto, los proponentes de esta segunda teoría entendían que estos territorios eran parte de los Estados Unidos y la Constitución debería aplicar en ellos.

Inconforme con estas teorías, el profesor Abbott Lawrence Lowell de la Escuela de Derecho de Harvard formuló una tercera teoría híbrida que combinaba elementos de las primeras dos.[20]  Según su tesis, los Estados Unidos podían anexar territorio y hacerlo parte de los Estados Unidos.  Asimismo podían adquirir posesiones que no fueran parte de los Estados Unidos.

La aplicación de la Constitución en estas posesiones dependería de los términos del tratado de adquisición o de legislación del Congreso.  Así, los Estados Unidos consistían de los estados y los territorios incorporados.  Los territorios no incorporados no eran parte de los Estados Unidos pero el Congreso tendría autoridad sobre éstos mediante la Cláusula Territorial.

Los imperialistas aseveraban que no era necesario que todos los territorios siguieran el modelo de las Ordenanza Noroeste porque era posible que los Estados Unidos tuvieran colonias por duración indefinida y que a la vez estuvieran sujetas a los poderes plenarios del Congreso.[21]

Esta controversia eventualmente llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.  El Tribunal, en una serie de opiniones conocidas como los Casos Insulares, estableció un nuevo precedente sobre los territorios que desplazó la normativa de expansión territorial de la Ordenanza Noroeste.  Procederemos a examinar el caso más relevante, Downes v. Bidwell.

DOWNES V. BIDWELL

En 1900 el Congreso estableció un gobierno civil para Puerto Rico mediante la Ley Foraker.  Entre otras provisiones, la Ley Foraker estableció un arancel temporero sobre productos importados de Puerto Rico a los estados.  La compañía S.B. Downes & Co. pagó aranceles por la importación de un cargamento de naranjas de Puerto Rico a Nueva York.  Acto seguido, la compañía demandó por entender que el arancel era ilegal.

La representación legal de S.B. Downes & Co. argumentó que imponer un impuesto sobre el comercio entre dos jurisdicciones de los Estados Unidos violaba la Cláusula de Uniformidad de la Constitución, la cual establece que “todos los derechos, impuestos y arbitrios serán uniformes en toda la Nación”.[22]

La controversia en Downes, visto por el Tribunal Supremo en 1901, giraba en torno a si era constitucional que el Congreso impusiera mediante la Ley Foraker un arancel al comercio entre Puerto Rico y los Estados Unidos continentales a la luz de la Cláusula de Uniformidad.  En primer plano, si el arancel era constitucional, Puerto Rico por implicación era un país foráneo e independiente de los Estados Unidos.  A la inversa, si Puerto Rico era parte de los Estados Unidos, el arancel naturalmente sería inconstitucional.

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El Tribunal validó el arancel temporero de la Ley Foraker.  El Juez Asociado Henry Billings Brown, escribiendo la opinión del Tribunal, se suscribió a la primera teoría y concluyó que Puerto Rico no era parte de los Estados Unidos por no ser estado.[23] Asimismo, afirmó que Puerto Rico es un territorio perteneciente a los Estados Unidos, pero que no es parte de los Estados Unidos para propósitos de las cláusulas de tributación de la Constitución.[24]

Como territorio, Puerto Rico estaba bajo la potestad del Congreso, quien tenía poder para regular los territorios bajo la Cláusula Territorial.  Brown entendió que la Ley Foraker era un ejercicio válido de ese poder.  Por lo tanto, al Puerto Rico no ser parte de los Estados Unidos, la Cláusula de Uniformidad no impedía que el Congreso impusiera impuestos sobre el comercio entre Puerto Rico y los estados.

En su elocución, Brown subrayó que era cuestionable que el Congreso consintiera a que se anexara un territorio y que se le otorgara la ciudadanía a sus residentes, sin importar cuán ajenos fueran estos residentes a la cultura y el estilo de vida americana.[25]

Sin embargo, fue la opinión concurrente del Juez Asociado Edward Douglass White la que tendría mayor repercusión histórica. White adoptó y elaboró la tercera teoría de no incorporación ideada por el profesor Lowell.  White entendió que Puerto Rico era un territorio no incorporado. En su opinión, el Tratado de París no había incorporado la Isla a los Estados Unidos.

White coincidió con Brown en cuanto a que los Estados Unidos poseen a Puerto Rico pero Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos.  Por tanto, el Congreso tenía poder sobre el territorio de Puerto Rico y podía imponer aranceles sobre el comercio entre Puerto Rico y los estados.

A pesar de que el Juez Brown escribió la opinión del Tribunal en Downes, la opinión concurrente de White introdujo la doctrina de incorporación a la discusión del Tribunal Supremo.  Así comenzó un proceso en el cual el Tribunal Supremo descartó la primera teoría planteada en la opinión de Brown y la segunda teoría que el propio Tribunal había adoptado en Loughborough v. Blake.  En cambio, el Tribunal adoptó la posición de White, originada por el profesor Lowell, de que los Estados Unidos pueden poseer territorios que no sean parte de la nación.

JURISPRUDENCIA POSTERIOR

La doctrina de incorporación se convirtió en la normativa del Tribunal Supremo en casos insulares subsiguientes.  Los comentaristas consideran que dicha doctrina se consolidó en la opinión del Tribunal en Rassmussen v. United States, el caso en el cual el Tribunal encontró que Alaska fue incorporado a los Estados Unidos al ser cedido por Rusia.[26]

Posteriormente, el Tribunal Supremo cementó la doctrina de incorporación en el caso Balzac v. Porto Rico.  El Juez Presidente William H. Taft escribió por un Tribunal unánime y concluyó que la otorgación de la ciudadanía americana a los puertorriqueños en 1917 bajo la Ley Jones no significó la incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos. [27]   En el proceso reafirmó la validez de la doctrina de incorporación introducida al Tribunal por el Juez White.  Asimismo, manifestó que Puerto Rico permanecía como territorio no incorporado de los Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso.

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Años después, el Tribunal concluyó en Harris v. Rosario que el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico al asignar fondos federales si existe una base racional para ello.[28] En Harris, el Congreso había asignado menos fondos para niños dependientes de familias pobres bajo el programa Aid to Families with Dependent Children (AFDC).  Los demandantes impugnaron esta acción por entender que violaba el derecho a la igual protección de las leyes que emana de la Quinta Enmienda.

 

CONCLUSIÓN

El patrón de expansión territorial establecido por la Ordenanza Noroeste, el cual guió la expansión de los Estados Unidos durante el siglo XIX, sufrió un cambio trascendental en el 1898 cuando los Estados Unidos adquirieron a Puerto Rico y a las Filipinas luego de triunfar en la Guerra Hispanoamericana.

El trato que recibió Puerto Rico y otros territorios a la luz de los Casos Insulares contrastó con la manera en que los Estados Unidos previamente incorporó territorios a la Unión bajo el mecanismo de la Ordenanza Noroeste.  Esta ordenanza asumía que el estatus territorial era uno temporero y que el territorio se convertiría en estado.[29]

Sin embargo, el modelo de incorporación actual permite que los Estados Unidos posean territorios sujetos al poder del Congreso por duración indefinida.  Esto contrasta con la política pública del gobierno federal desde la institución de la Constitución, y las propias expresiones del Tribunal Supremo en Loughborough y Downes, de que el estatus político conocido como “territorio” es una etapa de duración temporera.

¿A qué se debió este cambio normativo?  Los comentaristas comparten impresiones de que se debió al Estados Unidos aventurarse como poder global a principios del siglo XX.  Según José Trías Monge, la adquisición de colonias llevó al gobierno federal a formular una política diferente a la política territorial ya establecida.[30]  Por otro lado, el profesor Mark S. Weiner comenta que los Estados Unidos rompieron un patrón de adquisición territorial republicana y entraron a una fase imperial.[31]

Otros comentaristas opinan que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos incurrió en legislación judicial.  Según el ex secretario de justicia federal Richard Thornburgh, el Tribunal inventó una nueva política de estatus al aseverar que la intención del Congreso en cuanto a Puerto Rico era algo diferente a la incorporación, y que ese algo era el estatus de territorio no incorporado.[32]

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Como quedó evidenciado en el caso Harris v. Rosario, la doctrina de incorporación que adoptó el Tribunal Supremo tiene repercusiones nefastas para los ciudadanos americanos residentes de los territorios no incorporados.  El Congreso puede discriminar contra estos ciudadanos si hay base racional para ello.

Diferente serían las circunstancias presentes de los residentes de los territorios no incorporados si, al momento de decidir los Casos Insulares, el Tribunal hubiera respetado el patrón de expansión territorial de la Ordenanza Noroeste que imperaba desde la fundación de la república.  La invención de una doctrina de incorporación por fiat judicial ha creado un sistema territorial ad infinitum que socava los derechos de ciudadanos americanos y burla el acervo democrático que define a los Estados Unidos.


[1] Act of August 7, 1789, ch. 8, Statutes at Large of the United States of America 1 (1789).

[2] Grupo de Investigadores Puertorriqueños, Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood (Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1984), 22.

[3] Ibid.

[4] La ordenanza reconoce una serie de derechos humanos que sirvieron de base para la formulación de las primeras diez enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, colectivamente conocidas como la Carta de Derechos.

[5] El territorio lo administrará un gobernador, un secretario y tres jueces, todos nombrados por el Congreso.  En la primera fase, éstos seleccionarán leyes de otros estados y las aplicarán en el territorio.  En la segunda fase, los residentes del territorio podrán establecer una legislatura territorial cuando la población llegue a los 5,000 habitantes varones con mayoría de edad.  La tercera fase requiere la admisión del territorio como estado en igualdad de condiciones a los estados originales.

[6] Art. IV, Sec. 3, Const. EE.UU.., L.P.R.A., Tomo 1.

[8] Act of August 7, 1789.

[9] Thornburgh, Dick,  Puerto Rico’s Future: A Time to Decide (CSIS Press, 2007), 45.

[10] Loughborough v. Blake, 18 U.S. (5 Wheat) 317, 324 (1820).

[11] Act of August 7, 1789.

[12] Ibid.

[13] Sparrow, Bartholomew, The Insular Cases and the Emergence of American Empire (University of Kansas Press, 2006), 16

[14] Thornburgh, 9

[15] “Treaty of Peace between the United States of America and the Kingdom of Spain,” April 11, 1899, United States Statutes at Large 30:1754, art. IX.

[16] Sparrow, 45.

[17] Langdell, C.C.,The Status of Our New Territories,” Harvard Law Review 12 (1899), 365-392.

[18] Loughborough v. Blake, 18 U.S. (5 Wheat.) 317 (1820).

[19] Sparrow, 15

[20] Abbott Lawrence Lowell, “The Status of Our New Possessions – A Third View,” Harvard Law Review 13 (1899), 155-176.

[21] Christina Duffy Burnett & Burke Marshall, eds. Foreign in a Domestic Sense: Puerto Rico, American Expansion, and the Constitution (Duke University Press, 2001).

[22] Art I., Sec.  8, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1.

[23] Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901)

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Rassmussen v. United States, 1917 U.S. 516 (1905).

[27] Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 258 (1922).

[28] Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980).

[29] Thornburgh, 2

[30] Trías Monge, José, Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the World (Yale University Press, 1997), 38

[31] Foreign in a Domestic Sense, 65

[32] Thornburgh, 46.

* * *

José Cabrera Costas es abogado y fue Presidente Nacional del Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA).  

¡Lo logramos!

Por primera vez en su historia, y tras 519 años de coloniaje, los puertorriqueños ayer rechazamos el estatus territorial de Puerto Rico y solicitamos clara y contundentemente la estadidad.

Nuestro acto de rebelión constituye la primera vez que los puertorriqueños nos expresamos en contra de la colonia.  También, es la primera vez que los puertorriqueños formalmente solicitamos la admisión de Puerto Rico como estado federado de los Estados Unidos.

Enhorabuena los puertorriqueños hemos declarado que el estatus actual no cuenta con nuestro consentimiento.  Así, hemos destruido el paradigma colonial que da vida al colonialista Partido Popular.  Hemos dado una estocada mortal a la colonia y a su partido, y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los días del territorio están contados.

En adición, hemos destruido para siempre el mito de que los puertorriqueños no queremos la estadidad.  Con más del 60% de los votos a nuestro favor, hemos declarado que nuestro norte es la igualdad.  Requerimos los poderes y beneficios de la estadidad para crear un mejor Puerto Rico.  Y sobretodo, exigimos que se nos trate igual a nuestros conciudadanos en los estados.

Nuestro agradecimiento a Phillip Arroyo y Anthony Carrillo de Jóvenes con Igualdad Futuro Seguro por viajar juntos a lo largo y ancho de nuestra isla para llevar el mensaje de la estadidad.  A los líderes y miembros del Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA), gracias por compartir sus recintos para que juntos educáramos sobre la igualdad.   A Rafael Cruz Miller y a todo el equipo de Radio Esfuerzo Progresista TV, gracias por su apoyo, su dedicación y la promoción brindada a nuestra campaña educativa.  A todos nuestros respeto y agradecimiento.  ¡Lo logramos!

Finalmente, de parte de Proyecto Estrella y PlebiscitoPR.com, queremos agradecerte a ti, hermano y hermana estadista, por haber cumplido con tu deber patriótico de votar en contra de la colonia y a favor de la estadidad.

Han sido unos meses largos y de arduo trabajo pero logramos nuestro propósito.  Abrimos de par en par las puertas hacia la igualdad.  En Puerto Rico, ¡queremos la estadidad!

Sin embargo, la lucha en el Congreso, la verdadera batalla por la estadidad, comienza hoy.  Trabajemos juntos para lograrla.  ¡Hacia la estadidad!

Agradecidamente,

Lcdo. José Cabrera

Javier Aguilú

“ELA soberano” equivale a la independencia

Por: Lcdo. José Cabrera Costas

La libre asociación es una fórmula de descolonización válida y reconocida internacionalmente.  No existe problema alguno con que un elector puertorriqueño vote por dicha fórmula consiente de sus implicaciones.  No obstante, debido a la desinformación promulgada en la discusión del estatus, es posible que un sector del electorado que desea preservar la unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos vote por la libre asociación, nombrada “ELA soberano” en la papeleta del plebiscito, pensando equivocadamente que con su voto apoya la continuación del actual estatus territorial y desconociendo las consecuencias de su voto.

La libre asociación es una formula de estatus que se establece mediante un tratado hecho entre dos naciones independientes.  Ésto porque sólo siendo independientes pueden contar con la soberanía necesaria para establecer dicho pacto.  En otras palabras, un pacto de libre asociación entre la nación A con la nación B sólo puede existir si ambas naciones son independientes.   Es por ello que la libre asociación se considera un tipo de independencia – hay que ser independiente para implementarla.

La libre asociación, junto a la independencia y la estadidad, es una de tres opciones de descolonización reconocidas por la Constitución de los Estados Unidos, las Naciones Unidas en su Resolución 1541 de 1960 y el derecho internacional.  Estados Unidos actualmente mantiene tratados de libre asociación con tres naciones independientes localizadas en el Océano Pacífico: la República de Palaos, los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall.

Como nos indica Richard Thornburgh, ex secretario de justicia federal y ex embajador de Estados Unidos a las Naciones Unidas, la libre asociación sólo puede ser implementada según el sistema constitucional americano entre dos naciones separadas y soberanas, no como parte de una unión política que provee beneficios asociados al estatus territorial, incluyendo la ciudadanía americana.  (Véase su libro Puerto Rico’s Future: A Time to Decide.)

En términos similares sobre la libre asociación recientemente comentó el ex gobernador Rafael Hernández Colón en una entrevista del periódico Caribbean Business:

The sovereign free associated state [ELA Soberano] is the same as independence, except that once independent, Puerto Rico would negotiate the terms of its relationship with the U.S. The fruit of this negotiation would create what would be called the sovereign free associated state. The U.S. doesn’t have to accept this. The U.S. doesn’t have to accept anything. In practical terms, this is like renouncing things we already have, and then ask for them in a future negotiation. It’s absurd. These negotiations imply an independent Puerto Rico, and the negotiations would be to set the conditions under which Puerto Rico is independent.

 Por otro lado, para que un tratado de libre asociación entre dos naciones no tenga vestigios de colonialismo, se requiere que cada nación pueda unilateralmente retirarse del pacto.  De existir un tratado de libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos, cualquiera de las dos naciones podría en cualquier momento rechazar el pacto.  Puerto Rico quedaría entonces como una república totalmente independiente.

Sobre estas particularidades de la libre asociación nos comenta el ex embajador de Estados Unidos en Micronesia y ex director de la Oficina de Asuntos Territoriales del gobierno federal, Fred M. Zeder II, en una columna del Puerto Rico Herald:

[…] free association must be terminable at will by either party in order to establish that the relationship is consistent with separate sovereignty and the right of self-determination is preserved. This international standard, also recognized by the U.S., is based on the requirement that free association not be allowed to become merely a new form of internationally accepted colonialism.

Los proponentes de la libre asociación aseveran que ésta no equivale a la independencia porque si la libre asociación significara independencia se le llamaría de esa manera.  No obstante, sabemos que el nombre no establece el concepto.  Se le llame libre asociación, república asociada o soberanía, la libre asociación equivale a la independencia porque para que Puerto Rico establezca un tratado de libre asociación con Estados Unidos primero tiene que ser una nación independiente de Estados Unidos.  Es por eso que la papeleta plebiscitaria del 6 de noviembre declara que el ELA soberano “se basaría en una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas.”

Según expresado, es respetable que un elector vote por el “ELA soberano” si dicho elector esta conciente de que con su voto pide la independencia para Puerto Rico.  El suyo es un voto descolonizador.  Sin embargo, ciertos sectores políticos promueven un voto por el “ELA soberano” como si éste fuera una versión del inconstitucional y ficticio “ELA mejorado”.  Ahí yace el engaño.

El “ELA soberano” no implica la continuación del estatus territorial vigente sino la separación de Puerto Rico del entorno americano y su establecimiento como una república independiente y soberana.  Las palabras del ex gobernador Hernández Colón sobre esta confusión merecen consideración:

The people of Puerto Rico would never vote for independence. What’s happening now with the polls […] shows that people are confused about what the ballot says. If they understood what it said, they wouldn’t support the sovereign free associated state. A vote for ELA Soberano means we have to renounce our U.S. citizenship and our participation in federal funding programs so that later, we can negotiate to ask for these things back. There is no way that this option would get even 20% of the votes.

En el plebiscito del 6 de noviembre el electorado tendrá la opción de votar por la libre asociación bajo el nombre de “ELA soberano”.  Aunque una opción aparte a la independencia, la libre asociación, conceptualmente y en práctica, es un tipo de independencia ya que para implementarla se requiere que Puerto Rico se independice de Estados Unidos.

Por lo tanto, un voto por el “ELA soberano” equivale a un voto por la independencia.

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NOTA: José Cabrera Costas (@JCabreraCostas) es abogado, notario público y propietario de Cabrera Costas Law Office. En el 2007 reactivó el Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA) y fue su Presidente Nacional hasta el 2009.  Luego lanzó el Proyecto Estrella para orientar sobre la estadidad de cara al plebiscito de estatus del 2012. Ha discutido sobre la estadidad en programas como The Stream de Al Jazeera America.