Sobre la audiencia de estatus del Senado federal

Esta mañana el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos celebró una audiencia para discutir el estatus político de Puerto Rico y los resultados del plebiscito de noviembre de 2012 en el que los electores rechazaron el estatus territorial actual de Puerto Rico y escogieron la estadidad.

El presidente del Comité, el senador Ron Wyden de Oregon, reconoció que Puerto Rico ha sido un territorio no incorporado de los Estados Unidos desde 1898.  Asimismo reconoció que no resolver el problema de estatus de Puerto Rico contribuye a los problemas de Puerto Rico.  Concluyó que Puerto Rico tiene que atender su estatus para resolver sus problemas y lograr su máximo potencial como sociedad.

El senador Ron Wyden de Oregon

El senador Ron Wyden de Oregon

Wyden reconoció que una clara mayoría de los puertorriqueños rechazamos el estatus territorial.  Indicó que el “ELA mejorado” no es una opción para resolver el estatus y que Puerto Rico tiene solo dos opciones: estadidad o independencia.

Posteriormente, la senadora Lisa Murkowski de Alaska reconoció que el estatus territorial no cuenta con el apoyo mayoritario de los puertorriqueños.  Sin embargo, aseveró que la segunda pregunta del plebiscito no arrojó resultados claros, cosa que nos parece inverosímil considerando que el 61.6% de los electores que contestaron esa pregunta endosaron la estadidad.

El Comisionado Residente Pedro Pierluisi aseveró que el estatus territorial perdió el apoyo de la mayoría de los puertorriqueños.  Indicó que la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico certificó los resultados del plebiscito a favor de la estadidad y en contra del estatus territorial.  Añadió que este plebiscito marcó la primera vez que la estadidad obtuvo más votos que el territorio.

Acto seguido, el senador Wyden preguntó si el territorio debiera aparecer como opcíon de estatus en otra consulta.  Al evadir contestar esta pregunta, el Gobernador Alejandro García Padilla indicó que el “Estado Libre Asociado” no estaba en la papeleta y que el ELA no es un territorio.  Sin embargo, en el 2012 el propio García Padilla reconoció en el programa del periodista Jorge Ramos que Puerto Rico está sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos.

Pierluisi dijo que la opción de territorio fue rechazada por los electores y que ésta no debería ser opción para resolver el problema.  Rubén Berríos también contestó lo mismo.

En uno de los momentos más reveladores de la audiencia, la senadora Murkowski le preguntó al Gobernador García Padilla qué es el “ELA mejorado”.  García Padilla no pudo contestar.  Posteriormente el senador Martin Heinrich de Nuevo México también le hizo la misma pregunta a García Padilla, la que tampoco pudo contestar.  Acto seguido, Rubén Berríos indicó jocosamente que nadie sabe lo que es el “ELA mejorado”.  García Padilla luego admitió en conferencia de prensa que le es difícil explicar el concepto de “ELA mejorado”.

Mientras, el excandidato a Comisionado Residente por el Partido Popular Democrático Rafael Cox Alomar reconoció que la comparecencia del Gobernador García Padilla a la vista senatorial fue una debacle e invitó a los miembros del PPD a realizar “un reexamen total”.

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Gobierno de Puerto Rico combate mandato del Pueblo con fondos públicos

Ayer trascendió mediante el blog soyPATRIA que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) utiliza fondos públicos para cabildear en Washington, DC en contra del mandato que dio el Pueblo en el pasado plebiscito en rechazo al estatus territorial de Puerto Rico y a favor de la estadidad.

GOBIERNO DE PUERTO RICO MANIPULA RESULTADOS DEL PLEBISCITO

Juan Eugenio Hernández Mayoral, exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD) y actual Director Ejecutivo de PRFAA, cursó una carta con fecha del 15 de mayo de 2013 a miembros del Congreso cuyo contenido manipula los resultados del plebiscito del pasado 6 de noviembre.

OPRIME EL SIGUIENTE ENLACE PARA DESCARGAR LA CARTA: Carta de PRFAA 

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Carta de Juan Eugenio Hernández Mayoral

La carta de Hernández Mayoral fundamenta su argumento en la Resolución Concurrente Núm. 24 que el pasado 14 de mayo de 2013 aprobó la Asamblea Legislativa de Puerto Rico controlada por el Partido Popular Democrático.

En su misiva, Hernández Mayoral asegura que el contenido de la Resolución representa la posición oficial del Gobierno de Puerto Rico bajo el Gobernador Alejandro García Padilla sobre los resultados del plebiscito.

A saber, en dicha consulta una mayoría de 54% rechazó el actual estatus territorial de Puerto Rico y una mayoría de 61% favoreció la estadidad como estatus permanente para Puerto Rico.  Así lo hizo constar la Comisión Estatal de Elecciones mediante certificación.

Posteriormente la Casa Blanca de Barack Obama reconoció que los resultados del plebiscito fueron claros y que una mayoría de los electores puertorriqueños escogió la estadidad.

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Politico.com reporta sobre la postura de Casa Blanca ante el plebiscito.

Sin embargo, la Resolución de la Asamblea Legislativa increíblemente asevera que los resultados del plebiscito no fueron claros.

Asimismo, la Resolución indica que el Pueblo de Puerto Rico rechazó la estadidad.  Para llegar a esta conclusión, la Resolución indica que en los resultados se deben contar las papeletas en blanco como votos en contra de la estadidad.

Así, el Partido Popular Democrático pretende diluir el porcentaje mayoritario de 61% que recibió la estadidad y reducirlo a un ficticio 44%.  Es mediante este proceso de alquimia matemática que la Asamblea Legislativa aduce que un 56% de los electores rechazó la estadidad.

No obstante esta posición fantasiosa e inverosímil , las pretensiones de la Asamblea Legislativa chocan con el derecho vigente en Puerto Rico.

PAPELETAS EN BLANCO NO CUENTAN

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en el caso Suárez Cáceres v. Comisión Estatal de Elecciones (2009 TSPR 97) que las papeletas en blanco no se cuentan en los resultados.  Esto porque las papeletas en blanco no son votos y por tanto no se incluyen en los resultados oficiales de una elección o consulta.

El juez asociado Erick Kolthoff Caraballo, quien escribió la opinión del Tribunal, nos indica:

La intención de un elector que deposita su papeleta en blanco […] es expresar su inconformidad, ya sea con las propuestas presentadas o con los candidatos disponibles en ésta. No obstante, tal voto de ninguna manera puede ser contado para efectos de influir o afectar el resultado de una elección, referéndum o plebiscito, entre otros eventos electorales.

Contrario a lo que propone la Asamblea Legislativa popular, el Tribunal Supremo dictaminó que no puede utilizarse la papeleta en blanco de un elector “para que se cuente –ya sea a favor o en contra de candidato u opción alguna- si su intención claramente ha sido lo contrario.”

Como vemos, la opinión de la Asamblea Legislativa y del gobierno de turno de que las papeletas en blanco se deben adjudicar como votos en contra de la estadidad no tiene base legal.

Cabe resaltar que la decisión en Suárez Cáceres v. CEE surgió como resultado de una demanda incoada por Jorge Suárez Cáceres, actual senador y Secretario General del Partido Popular Democrático, quien irónicamente pidió que no se contaran papeletas en blanco emitidas en las elecciones generales de 2008.

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Secretario General del PPD Jorge Suárez Cáceres

Suárez Cáceres entonces exigió que se descartaran las papeletas en blanco para él ocupar el último escaño senatorial disponible para el PPD al aplicar la disposición constitucional sobre minorías.  El Tribunal Supremo resolvió a su favor y permitió su elección como senador, quedando José Luis Dalmau Santiago fuera del Senado.

Por otro lado, discutiendo el asunto de las papeletas en blanco, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá ha sido categórico sobre la invalidez de dichas papeletas.  El exmandatario popular aprovechó una entrevista con Univisión justo antes del plebiscito del 2012 para recalcar que “una papeleta en blanco no se cuenta”.

Acto seguido, Acevedo Vilá exhortó a los electores del PPD a no dejar la papeleta plebiscitaria en blanco y a votar por el estatus territorial en la primera pregunta y por la libre asociación en la segunda.

ACTUACIONES DEL GOBIERNO ATENTAN CONTRA LA DEMOCRACIA

Las ejecutorias de Hernández Mayoral y la oficina de PRFAA en contra de los resultados del plebiscito constituyen actos ilegales que atentan contra la democracia en Puerto Rico.

Por medio de esta dependencia gubernamental, el Gobernador Alejandro García Padilla utiliza fondos públicos para hacer falsas representaciones sobre los resultados del plebiscito ante el gobierno federal y el Congreso.  Así, García Padilla se burla del electorado puertorriqueño y socava el mandato plebiscitario del mismo Pueblo que lo eligió gobernador.

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Gobernador Alejandro García Padilla

Además de atentar contra los principios más básicos de la democracia, la Administración García Padilla demuestra que “le vale” el estado de derecho en Puerto Rico y las decisiones del Tribunal Supremo.

Sin embargo, esto no debe sorprender ya que las ramas políticas controladas por el Partido Popular Democrático recientemente han desarrollado un patrón nefasto de ignorar las decisiones del Tribunal Supremo que no le favorecen.

El caso omiso del Gobierno de Puerto Rico al precedente de Suárez Cáceres v. CEE se suma a la recientes declaraciones del Presidente del Senado Eduardo Bhatia de que ignorará al Tribunal Supremo y las expresiones del Gobernador Alejandro García Padilla llamando “enemigos interiores” a miembros del alto tribunal.

Varios comentaristas han aseverado que estas actuaciones están propiciando una incipiente crisis constitucional en Puerto Rico.

A RESPETAR EL MANDATO DEL PUEBLO

Ante estas actuaciones ilegales y antidemocráticas del Gobierno de Puerto Rico, el movimiento estadista espera que el Comisionado Residente y Presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi haga valer su advertencia previa de que “estamos listos para acudir a los tribunales a la primera gestión que realicen con fondos públicos en contra del resultado plebiscitario”.

Asimismo, los puertorriqueños no podemos permitir que la Administración García Padilla utilice nuestro dinero para negarnos el rumbo que escogimos como Pueblo.

El Gobierno de Puerto Rico tiene una obligación legal y moral de hacer valer los resultados del plebiscito.  El gobierno de turno podrá diferir de la opinión del Pueblo en cuanto al futuro estatus de Puerto Rico, pero no puede obstaculizar el cambio de estatus que ese Pueblo pidió en las urnas.