La relevancia del referendo escocés para Puerto Rico

El pueblo de Escocia ayer celebró un referendo para escoger entre preservar la unión de Escocia con los demás países del Reino Unido (que incluyen a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) o adoptar la independencia. Una mayoría de los electores rechazó la independencia y favoreció la permanencia de Escocia en el Reino Unido.

Este suceso surge ya que en el 2012 el primer ministro británico David Cameron y el ministro principal escocés Alex Salmond acordaron celebrar un referendo vinculante para decidir el futuro político de Escocia. Dos años después, el Parlamento del Reino Unido cumplió con lo prometido.

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Mientras tanto, en Puerto Rico, bien gracias. El Congreso de los Estados Unidos no le ha brindado a los puertorriqueños un proceso vinculante sobre estatus en los 116 años desde que asumió soberanía sobre Puerto Rico. El último proyecto de ley sobre estatus para Puerto Rico, el H.R. 2000 del Comisionado Residente Pedro Pierluisi, no recibió atención del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representates federal y, ante la proximidad de las elecciones 2014, murió engavetado.

La ironía no podría ser mayor. El Reino Unido, cuyo abuso colonial propició la creación de los Estados Unidos, ayer dio cátedra democrática. Mientras, el Gobierno de los Estados Unidos, sucesor de las 13 colonias que lucharon por su libertad, atenta contra su propia imagen como portaestandarte global de la democracia al mantener a Puerto Rico en estado de coloniaje.

ballot_paperCabe resaltar que la papeleta de la votación escocesa fue un monumento a la simpleza y la eficacia. Como vemos en la foto a la izquierda, la misma le preguntó a los electores: “Debería Escocia ser un país independiente?”, sí o no. Así de sencillo. La papeleta no incluyó opciones engañosas (“ELA soberano“) o inválidas  (“ELA mejorado“). Tampoco incluyó descripciones innecesariamente complejas.

Al considerar la simpleza de la papeleta, no sorprende entonces la claridad del resultado, en el cual el 55% de los electores escoceses rechazaron la independencia. Sin duda, las consultas más simples producen los resultados más contundentes. Esto porque no dejan espacio para idear conjeturas sobre la intención del elector.

Por otro lado, la reacción de ciertos medios periodísticos en Puerto Rico a los resultados del referendo de Escocia contrastan con su cobertura de los resultados del plebiscito de estatus del 2012. La terminología usada es particularmente reveladora. Sobre Escocia, El Nuevo Día consideró que los escoceses “rechazaron por amplio margen la independencia” y que el “No” “arrasó” al obtener un 55 por ciento. Todavía esperamos que apliquen adjetivos de tal contundencia para describir la victoria del “No” (54 por ciento de los votos) y de la estadidad (61 por ciento) en Puerto Rico. Asimismo, el reportaje sobre Escocia tampoco incluye editoriales del periodista José Delgado adjudicando papeletas en blanco como votos en contra de la opción de estatus que el Grupo Ferré Rangel rechaza.

A la par, resulta irónico que el presidente demócrata Barack Obama celebró el voto unionista de los escoceses, mientras que durante su presidencia ha callado sobre los derechos civiles de 3.8 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico. Obama incluso se comprometió en el 2009 a resolver el problema de estatus de Puerto Rico durante su primer término, promesa que incumplió.

Screen Shot 2014-09-19 at 7.26.43 PMEs indignante que nuestro presidente opine sobre el estatus político de un país foráneo pero ignore el reclamo de estadidad plasmado en las urnas por sus propios conciudadanos el 6 de noviembre de 2012. Al fin y al cabo, el último presidente en apoyar públicamente la estadidad fue el republicano George H. W. Bush, precedido este por los también republicanos Ronald Reagan y Gerald Ford.

Finalmente, del ejemplo de Escocia se desprende que si a los puertorriqueños se nos consulta nuevamente sobre el estatus de Puerto Rico, aún con el claro mandato de noviembre del 2012, merecemos un proceso vinculante con opciones claras: estadidad o independencia. La presentación de estas dos opciones en un referendo nos permitirá a los puertorriqueños conformar un mandato mayoritario y contundente que resuelva nuestro eterno problema de estatus.

En fin, el ahora ex ministro principal escocés Salmond indicó que la votación de ayer decidió el asunto de la independencia para Escocia por una generación. Tarde o temprano Escocia celebrará otra consulta. Mientras tanto, luchemos para que los puertorriqueños podamos decidir nuestro futuro antes de que Escocia se nos adelante nuevamente y haga lo propio.

* * *

NOTA: José Cabrera Costas (@JCabreraCostas) es abogado, notario público y propietario de Cabrera Costas Law Office. En el 2007 reactivó el Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA) y fue su Presidente Nacional hasta el 2009.  Luego lanzó el Proyecto Estrella para orientar sobre la estadidad de cara al plebiscito de estatus del 2012. Ha discutido sobre la estadidad en programas como The Stream de Al Jazeera America.

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Gobierno de Puerto Rico combate mandato del Pueblo con fondos públicos

Ayer trascendió mediante el blog soyPATRIA que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) utiliza fondos públicos para cabildear en Washington, DC en contra del mandato que dio el Pueblo en el pasado plebiscito en rechazo al estatus territorial de Puerto Rico y a favor de la estadidad.

GOBIERNO DE PUERTO RICO MANIPULA RESULTADOS DEL PLEBISCITO

Juan Eugenio Hernández Mayoral, exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD) y actual Director Ejecutivo de PRFAA, cursó una carta con fecha del 15 de mayo de 2013 a miembros del Congreso cuyo contenido manipula los resultados del plebiscito del pasado 6 de noviembre.

OPRIME EL SIGUIENTE ENLACE PARA DESCARGAR LA CARTA: Carta de PRFAA 

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Carta de Juan Eugenio Hernández Mayoral

La carta de Hernández Mayoral fundamenta su argumento en la Resolución Concurrente Núm. 24 que el pasado 14 de mayo de 2013 aprobó la Asamblea Legislativa de Puerto Rico controlada por el Partido Popular Democrático.

En su misiva, Hernández Mayoral asegura que el contenido de la Resolución representa la posición oficial del Gobierno de Puerto Rico bajo el Gobernador Alejandro García Padilla sobre los resultados del plebiscito.

A saber, en dicha consulta una mayoría de 54% rechazó el actual estatus territorial de Puerto Rico y una mayoría de 61% favoreció la estadidad como estatus permanente para Puerto Rico.  Así lo hizo constar la Comisión Estatal de Elecciones mediante certificación.

Posteriormente la Casa Blanca de Barack Obama reconoció que los resultados del plebiscito fueron claros y que una mayoría de los electores puertorriqueños escogió la estadidad.

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Politico.com reporta sobre la postura de Casa Blanca ante el plebiscito.

Sin embargo, la Resolución de la Asamblea Legislativa increíblemente asevera que los resultados del plebiscito no fueron claros.

Asimismo, la Resolución indica que el Pueblo de Puerto Rico rechazó la estadidad.  Para llegar a esta conclusión, la Resolución indica que en los resultados se deben contar las papeletas en blanco como votos en contra de la estadidad.

Así, el Partido Popular Democrático pretende diluir el porcentaje mayoritario de 61% que recibió la estadidad y reducirlo a un ficticio 44%.  Es mediante este proceso de alquimia matemática que la Asamblea Legislativa aduce que un 56% de los electores rechazó la estadidad.

No obstante esta posición fantasiosa e inverosímil , las pretensiones de la Asamblea Legislativa chocan con el derecho vigente en Puerto Rico.

PAPELETAS EN BLANCO NO CUENTAN

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en el caso Suárez Cáceres v. Comisión Estatal de Elecciones (2009 TSPR 97) que las papeletas en blanco no se cuentan en los resultados.  Esto porque las papeletas en blanco no son votos y por tanto no se incluyen en los resultados oficiales de una elección o consulta.

El juez asociado Erick Kolthoff Caraballo, quien escribió la opinión del Tribunal, nos indica:

La intención de un elector que deposita su papeleta en blanco […] es expresar su inconformidad, ya sea con las propuestas presentadas o con los candidatos disponibles en ésta. No obstante, tal voto de ninguna manera puede ser contado para efectos de influir o afectar el resultado de una elección, referéndum o plebiscito, entre otros eventos electorales.

Contrario a lo que propone la Asamblea Legislativa popular, el Tribunal Supremo dictaminó que no puede utilizarse la papeleta en blanco de un elector “para que se cuente –ya sea a favor o en contra de candidato u opción alguna- si su intención claramente ha sido lo contrario.”

Como vemos, la opinión de la Asamblea Legislativa y del gobierno de turno de que las papeletas en blanco se deben adjudicar como votos en contra de la estadidad no tiene base legal.

Cabe resaltar que la decisión en Suárez Cáceres v. CEE surgió como resultado de una demanda incoada por Jorge Suárez Cáceres, actual senador y Secretario General del Partido Popular Democrático, quien irónicamente pidió que no se contaran papeletas en blanco emitidas en las elecciones generales de 2008.

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Secretario General del PPD Jorge Suárez Cáceres

Suárez Cáceres entonces exigió que se descartaran las papeletas en blanco para él ocupar el último escaño senatorial disponible para el PPD al aplicar la disposición constitucional sobre minorías.  El Tribunal Supremo resolvió a su favor y permitió su elección como senador, quedando José Luis Dalmau Santiago fuera del Senado.

Por otro lado, discutiendo el asunto de las papeletas en blanco, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá ha sido categórico sobre la invalidez de dichas papeletas.  El exmandatario popular aprovechó una entrevista con Univisión justo antes del plebiscito del 2012 para recalcar que “una papeleta en blanco no se cuenta”.

Acto seguido, Acevedo Vilá exhortó a los electores del PPD a no dejar la papeleta plebiscitaria en blanco y a votar por el estatus territorial en la primera pregunta y por la libre asociación en la segunda.

ACTUACIONES DEL GOBIERNO ATENTAN CONTRA LA DEMOCRACIA

Las ejecutorias de Hernández Mayoral y la oficina de PRFAA en contra de los resultados del plebiscito constituyen actos ilegales que atentan contra la democracia en Puerto Rico.

Por medio de esta dependencia gubernamental, el Gobernador Alejandro García Padilla utiliza fondos públicos para hacer falsas representaciones sobre los resultados del plebiscito ante el gobierno federal y el Congreso.  Así, García Padilla se burla del electorado puertorriqueño y socava el mandato plebiscitario del mismo Pueblo que lo eligió gobernador.

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Gobernador Alejandro García Padilla

Además de atentar contra los principios más básicos de la democracia, la Administración García Padilla demuestra que “le vale” el estado de derecho en Puerto Rico y las decisiones del Tribunal Supremo.

Sin embargo, esto no debe sorprender ya que las ramas políticas controladas por el Partido Popular Democrático recientemente han desarrollado un patrón nefasto de ignorar las decisiones del Tribunal Supremo que no le favorecen.

El caso omiso del Gobierno de Puerto Rico al precedente de Suárez Cáceres v. CEE se suma a la recientes declaraciones del Presidente del Senado Eduardo Bhatia de que ignorará al Tribunal Supremo y las expresiones del Gobernador Alejandro García Padilla llamando “enemigos interiores” a miembros del alto tribunal.

Varios comentaristas han aseverado que estas actuaciones están propiciando una incipiente crisis constitucional en Puerto Rico.

A RESPETAR EL MANDATO DEL PUEBLO

Ante estas actuaciones ilegales y antidemocráticas del Gobierno de Puerto Rico, el movimiento estadista espera que el Comisionado Residente y Presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi haga valer su advertencia previa de que “estamos listos para acudir a los tribunales a la primera gestión que realicen con fondos públicos en contra del resultado plebiscitario”.

Asimismo, los puertorriqueños no podemos permitir que la Administración García Padilla utilice nuestro dinero para negarnos el rumbo que escogimos como Pueblo.

El Gobierno de Puerto Rico tiene una obligación legal y moral de hacer valer los resultados del plebiscito.  El gobierno de turno podrá diferir de la opinión del Pueblo en cuanto al futuro estatus de Puerto Rico, pero no puede obstaculizar el cambio de estatus que ese Pueblo pidió en las urnas.

Pedro Pierluisi radica el H.R. 2000 “Puerto Rico Status Resolution Act”

El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, radicó hoy en el Congreso su proyecto para resolver el estatus de Puerto Rico.  El mismo se titula “Puerto Rico Status Resolution Act”.  Descarga el proyecto H.R. 2000 de Pierluisi aquí.

Previo a ello el Comisionado Residente presentó el proyecto ante sus compañeros congresistas en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

El proyecto propone una nueva consulta para “ratificar” el pedido de estadidad que el 61% del electorado puertorriqueño dio en el pasado plebiscito del 6 de noviembre de 2012.  Contrario a lo que se indicó previamente, la nueva consulta propuesta por Pierluisi consiste de un referendo “estadidad sí o no”.

La sección 2 del proyecto establece que su propósito es “proveer para una ratificación de votación autorizada por el Gobierno federal sobre la admisión de Puerto Rico en la Unión como estado, y si una mayoría de votantes ratifica el deseo de que Puerto Rico se convierta en estado, describir los pasos que el Presidente y el Congreso seguirán para habilitar la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión”.

Amplios sectores dentro del movimiento estadista, incluyendo a líderes como Pedro Rosselló, Ricardo Rosselló y Thomas Rivera Schatz, habían rechazado una nueva consulta “estadidad sí o no” y en cambio pedían que Pierluisi radicara un proyecto de admisión como estado.  Asimismo, el Directorio del Partido Nuevo Progresista unánimemente aprobó la radicación de un proyecto de admisión según recomendó el Comité de Estatus del partido.

De ganar la estadidad en la consulta de ratificación, el proyecto de Pierluisi propone que el Presidente de los Estados Unidos radique un proyecto de ley para que el Congreso ofrezca la estadidad a Puerto Rico.

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Pierluisi estuvo acompañado de un grupo de líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) incluyendo a Thomas Rivera Schatz, Jenniffer González, José Aponte, María “Mayita” Meléndez y Larry Seilhamer, entre otros, y el congresista José Serrano (NY-D).

Sobre el proyecto de admisión

Por: Lcdo. José Cabrera Costas

Existe un grado de confusión respecto a los próximos pasos a seguir en el proceso de convertir a Puerto Rico en estado.  Procede una clarificación.

La mayoría del electorado refrendó la estadidad en el plebiscito del pasado 6 de noviembre.  Ese resultado fue contundente y constituye la primera vez que el Pueblo endosa mayoritariamente la estadidad para Puerto Rico.   Ese triunfo estadista no necesita reconfirmación.

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Ahora bien, el Congreso, en el proceso de admitir a Puerto Rico como estado y dentro de sus prerrogativas constitucionales, puede requerir que el Pueblo apruebe o rechace los términos de admisión para Puerto Rico contenidos en una acta de admisión.  (Véase Grupo de Investigadores Puertorriqueños, Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood).

Una acta de admisión sirve como una oferta de estadidad que el Congreso le brinda al territorio.  La acta ofrecería tanto condiciones que el Congreso entienda necesarias para la admisión como concesiones que el Congreso quiera hacer a favor del nuevo estado de Puerto Rico.  Según mencionamos arriba, el Congreso podría requerirle al Pueblo de Puerto Rico aceptar o rechazar los términos de este “contrato” de estadidad entre el Congreso y el territorio.

En lo pertinente, una consulta para ratificar una acta de admisión es diferente a un nuevo plebiscito “estadidad sí o no”.  A saber, no es lo mismo preguntar si queremos o no la estadidad, cosa que ya contestamos en la afirmativa el pasado 6 de noviembre, que preguntar si aceptamos los términos y condiciones de una acta de admisión que ofrezca el Congreso, cosa que no hemos hecho.

Mañana el Comisionado Residente Pedro Pierluisi a todas luces radicará un proyecto de admisión.  Entendemos que la nueva consulta que el Comisionado ha mencionado en los medios se refiere a un referendo para ratificar una futura acta de admisión, no una nueva consulta “estadidad sí o no”.  Confiamos en que así será.

Así las cosas, mañana promete ser un día histórico para Puerto Rico.  Por primera vez se radicará un proyecto de admisión amparado en un mandato del Pueblo.

Como sabemos, lograr la igualdad es tarea de todos.  Trabajemos entonces para que el Congreso atienda nuestra petición de estadidad.  Así daremos a respetar nuestro voto y encaminaremos a Puerto Rico hacia un mejor futuro.

* * *

José Cabrera Costas es abogado y fue Presidente de la Asociación de Estudiantes Estadistas de Puerto Rico (PRSSA, por sus siglas en inglés).

Sobre un plebiscito federal

Entendemos que un plebiscito adicional es redundante considerando que el Pueblo ya rechazó la colonia y pidió la estadidad el pasado 6 de noviembre de 2012.  Lo que procede es radicar un acta de admisión.

No obstante, la propuesta del Presidente Barack Obama de destinar $2.5 millones en el presupuesto federal 2014 para un nuevo proceso plebiscitario abre las puertas a que el Congreso por primera vez celebre un plebiscito de estatus vinculante.

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Cabe resaltar que el mismo ofrecería opciones de estatus no territoriales, permanentes y permisibles bajo la Constitución de los Estados Unidos.  Por ende, el estatus territorial actual sería descartado por ser territorial y el “ELA mejorado” sería descartado por ser ilusorio e incompatible con el ordenamiento constitucional americano.

Este anuncio demuestra cuán inválido e insostenible es el estatus territorial actual a la luz de los resultados del pasado plebiscito.   Los puertorriqueños retiramos nuestro consentimiento a ser gobernados bajo un régimen colonial y exigimos la igualdad plena en derechos y responsabilidades como ciudadanos americanos.

Aunque los resultados del pasado plebiscito del 6 de noviembre fueron claros y contundentes, apoyamos la celebración de un plebiscito federal si uno se presenta.  Todo estadista debe estar preparado para luchar por su ideal cuantas veces sea necesario

Así como lo hicimos en el 2012, volveremos a dar la batalla educando sobre la estadidad y aportaremos a otra victoria contundente a favor de la igualdad para todos los puertorriqueños.

Lcdo. José Cabrera

Descorriendo el velo del nuevo pacto

Por: Gerardo J. Cruz Ortiz

Hoy día vemos al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) sumergido en la práctica de la arquelogía jurídica con el fin de elaborar una teoría legal que justifique el desarrollo del Estado Libre Asociado (ELA). Como resultado de este ejercicio banal, no nos debe sorprender que las bases jurídicas sobre las cuales se fundamenta esta teoría del nuevo pacto son altamente cuestionables a la luz del ordenamiento constitucional estadounidense. Ante el peligro inminente que representan las intenciones aviesas del PPD para la democracia puertorriqueña, nos vemos en la obligación de utilizar este espacio para orientar al pueblo sobre en qué consiste dicha teoría.

¿Pueden Puerto Rico y Estados Unidos constituir una unión permanente–una unión que le garantice la ciudadanía estadounidense al pueblo de Puerto Rico–sin la anexión de Puerto Rico como estado de la Unión?

Los defensores de un ELA mejorado alegan que nada en la Constitución federal le impide al Congreso formar parte del nuevo pacto; por consiguiente, el Congreso sí podría hacerlo. De hecho, algunos van más allá al sugerir que Puerto Rico y Estados Unidos ya tienen un pacto de asociación y que lo único que necesitamos es lograr su reconocimiento por parte  del Congreso.

El problema con la teoría del pacto es que refleja un profundo desconocimiento sobre la Constitución y de los poderes que delega al Congreso. Para descorrer el velo de esta teoría es necesario examinar sus dos componentes principales: la unión permanente y la garantía de la ciudadanía.

Nadie puede negar que el Congreso tiene el poder para ser creativo en Puerto Rico. De hecho, el Congreso ya ha sido sumamente creativo en nuestro país. El asunto medular es que, sin importar los experimientos que el Congreso pueda llevar a cabo con respecto a la isla, lo que éste no puede hacer es obligar a Estados Unidos a formar parte de un pacto bilateral con una entidad no estatal–un pacto que afirme la nacionalidad de cada parte, pero del cual ninguna parte pueda retirarse sin el consentimiento expreso de la otra parte. El sugerir lo contrario sería soslayar todo el marco jurídico que gobierna la soberanía nacional, las fronteras territoriales y la misma autodeterminación. Si algún Congreso futuro (o el Ejecutivo) determinase que los intereses de Estados Unidos requieren rescindir de dicho pacto con Puerto Rico, entonces Estados Unidos tendría todo el derecho, como nación soberana, de disolver ese acuerdo. Esta determianción pertenecería exclusivamente a las ramas políticas del gobierno, por lo que ningún tribunal podría entender en la controversia y mucho menos revertirla.

En cuanto a la ciudadanía, los puertorriqueños somos ciudadanos estatutarios, según disponen las secciones 301(a) y 302 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La ciudadanía estatutaria está constitucionalmente protegida no por la Decimocuarta Enmienda, sino por la Claúsula del Debido Proceso de Ley. El Congreso, por consiguiente, no tiene la facultad de revocar unilateralmente la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños. A tenor con la jurisprudencia federal, uno no puede ser privado de la ciudadanía estadounidense que ya uno tiene a menos que exista evidencia contundente que demuestre la intención de renunciar a la misma.

Esto, sin embargo, es diferente a una garantía de que el Congreso continuará extendiéndole la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, según sugiere la teoría del nuevo pacto. Ningún Congreso puede hacer esta promesa porque, sencillamente, todos los Congresos subsiguientes siempre tendrán el poder para enmendar los estatutos referentes a la ciudadanía.

Es sumamente injusto para los electores puertorriqueños que se les ofrezca una opción que no es constitucionalmente viable precisamente porque podrían votar por ella. Permitirle al pueblo votar por unas promesas huecas que el Congreso no puede cumplir no vindica los valores de la autodeterminación sino que, por el contrario, se burla de ellos.

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El autor es estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez y es presidente fundador de la Sociedad Friedrich Hayek.   Previamente fungió como director de comunicaciones del Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA). 

GAO estudia la estadidad para Puerto Rico

Bajo el título de “Puerto Rico Statehood Microsimulation Study”, el U.S. Government Accountability Office (GAO) solicitó el pasado 21 de noviembre servicios de microsimulación para estimar los gastos en programas federales para Puerto Rico bajo la estadidad.

El GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos en español) es una agencia independiente y no-partidista que trabaja para el Congreso y examina la forma en que el gobierno federal gasta el dinero de los contribuyentes.  La descripción de su solicitud reza:

The U.S. Government Accountability Office (GAO), the investigative arm of Congress, is currently considering the acquisition of microsimulation modeling services to estimate the costs of selected federal programs if the Commonwealth of Puerto Rico were to be granted statehood. Results of the work will assist GAO to respond expeditiously to a congressional request.

Oprime este enlace para ver la solicitud en su totalidad.

La solicitud del GAO responde a la amplia cobertura que la prensa nacional e internacional le ha brindado a los resultados del pasado plebiscito en el cual los puertorriqueños mayoritariamente rechazamos el estatus colonial de Puerto Rico y pedimos la estadidad.