Sobre la audiencia de estatus del Senado federal

Esta mañana el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos celebró una audiencia para discutir el estatus político de Puerto Rico y los resultados del plebiscito de noviembre de 2012 en el que los electores rechazaron el estatus territorial actual de Puerto Rico y escogieron la estadidad.

El presidente del Comité, el senador Ron Wyden de Oregon, reconoció que Puerto Rico ha sido un territorio no incorporado de los Estados Unidos desde 1898.  Asimismo reconoció que no resolver el problema de estatus de Puerto Rico contribuye a los problemas de Puerto Rico.  Concluyó que Puerto Rico tiene que atender su estatus para resolver sus problemas y lograr su máximo potencial como sociedad.

El senador Ron Wyden de Oregon

El senador Ron Wyden de Oregon

Wyden reconoció que una clara mayoría de los puertorriqueños rechazamos el estatus territorial.  Indicó que el “ELA mejorado” no es una opción para resolver el estatus y que Puerto Rico tiene solo dos opciones: estadidad o independencia.

Posteriormente, la senadora Lisa Murkowski de Alaska reconoció que el estatus territorial no cuenta con el apoyo mayoritario de los puertorriqueños.  Sin embargo, aseveró que la segunda pregunta del plebiscito no arrojó resultados claros, cosa que nos parece inverosímil considerando que el 61.6% de los electores que contestaron esa pregunta endosaron la estadidad.

El Comisionado Residente Pedro Pierluisi aseveró que el estatus territorial perdió el apoyo de la mayoría de los puertorriqueños.  Indicó que la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico certificó los resultados del plebiscito a favor de la estadidad y en contra del estatus territorial.  Añadió que este plebiscito marcó la primera vez que la estadidad obtuvo más votos que el territorio.

Acto seguido, el senador Wyden preguntó si el territorio debiera aparecer como opcíon de estatus en otra consulta.  Al evadir contestar esta pregunta, el Gobernador Alejandro García Padilla indicó que el “Estado Libre Asociado” no estaba en la papeleta y que el ELA no es un territorio.  Sin embargo, en el 2012 el propio García Padilla reconoció en el programa del periodista Jorge Ramos que Puerto Rico está sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos.

Pierluisi dijo que la opción de territorio fue rechazada por los electores y que ésta no debería ser opción para resolver el problema.  Rubén Berríos también contestó lo mismo.

En uno de los momentos más reveladores de la audiencia, la senadora Murkowski le preguntó al Gobernador García Padilla qué es el “ELA mejorado”.  García Padilla no pudo contestar.  Posteriormente el senador Martin Heinrich de Nuevo México también le hizo la misma pregunta a García Padilla, la que tampoco pudo contestar.  Acto seguido, Rubén Berríos indicó jocosamente que nadie sabe lo que es el “ELA mejorado”.  García Padilla luego admitió en conferencia de prensa que le es difícil explicar el concepto de “ELA mejorado”.

Mientras, el excandidato a Comisionado Residente por el Partido Popular Democrático Rafael Cox Alomar reconoció que la comparecencia del Gobernador García Padilla a la vista senatorial fue una debacle e invitó a los miembros del PPD a realizar “un reexamen total”.

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Descorriendo el velo del nuevo pacto

Por: Gerardo J. Cruz Ortiz

Hoy día vemos al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) sumergido en la práctica de la arquelogía jurídica con el fin de elaborar una teoría legal que justifique el desarrollo del Estado Libre Asociado (ELA). Como resultado de este ejercicio banal, no nos debe sorprender que las bases jurídicas sobre las cuales se fundamenta esta teoría del nuevo pacto son altamente cuestionables a la luz del ordenamiento constitucional estadounidense. Ante el peligro inminente que representan las intenciones aviesas del PPD para la democracia puertorriqueña, nos vemos en la obligación de utilizar este espacio para orientar al pueblo sobre en qué consiste dicha teoría.

¿Pueden Puerto Rico y Estados Unidos constituir una unión permanente–una unión que le garantice la ciudadanía estadounidense al pueblo de Puerto Rico–sin la anexión de Puerto Rico como estado de la Unión?

Los defensores de un ELA mejorado alegan que nada en la Constitución federal le impide al Congreso formar parte del nuevo pacto; por consiguiente, el Congreso sí podría hacerlo. De hecho, algunos van más allá al sugerir que Puerto Rico y Estados Unidos ya tienen un pacto de asociación y que lo único que necesitamos es lograr su reconocimiento por parte  del Congreso.

El problema con la teoría del pacto es que refleja un profundo desconocimiento sobre la Constitución y de los poderes que delega al Congreso. Para descorrer el velo de esta teoría es necesario examinar sus dos componentes principales: la unión permanente y la garantía de la ciudadanía.

Nadie puede negar que el Congreso tiene el poder para ser creativo en Puerto Rico. De hecho, el Congreso ya ha sido sumamente creativo en nuestro país. El asunto medular es que, sin importar los experimientos que el Congreso pueda llevar a cabo con respecto a la isla, lo que éste no puede hacer es obligar a Estados Unidos a formar parte de un pacto bilateral con una entidad no estatal–un pacto que afirme la nacionalidad de cada parte, pero del cual ninguna parte pueda retirarse sin el consentimiento expreso de la otra parte. El sugerir lo contrario sería soslayar todo el marco jurídico que gobierna la soberanía nacional, las fronteras territoriales y la misma autodeterminación. Si algún Congreso futuro (o el Ejecutivo) determinase que los intereses de Estados Unidos requieren rescindir de dicho pacto con Puerto Rico, entonces Estados Unidos tendría todo el derecho, como nación soberana, de disolver ese acuerdo. Esta determianción pertenecería exclusivamente a las ramas políticas del gobierno, por lo que ningún tribunal podría entender en la controversia y mucho menos revertirla.

En cuanto a la ciudadanía, los puertorriqueños somos ciudadanos estatutarios, según disponen las secciones 301(a) y 302 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La ciudadanía estatutaria está constitucionalmente protegida no por la Decimocuarta Enmienda, sino por la Claúsula del Debido Proceso de Ley. El Congreso, por consiguiente, no tiene la facultad de revocar unilateralmente la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños. A tenor con la jurisprudencia federal, uno no puede ser privado de la ciudadanía estadounidense que ya uno tiene a menos que exista evidencia contundente que demuestre la intención de renunciar a la misma.

Esto, sin embargo, es diferente a una garantía de que el Congreso continuará extendiéndole la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, según sugiere la teoría del nuevo pacto. Ningún Congreso puede hacer esta promesa porque, sencillamente, todos los Congresos subsiguientes siempre tendrán el poder para enmendar los estatutos referentes a la ciudadanía.

Es sumamente injusto para los electores puertorriqueños que se les ofrezca una opción que no es constitucionalmente viable precisamente porque podrían votar por ella. Permitirle al pueblo votar por unas promesas huecas que el Congreso no puede cumplir no vindica los valores de la autodeterminación sino que, por el contrario, se burla de ellos.

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El autor es estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez y es presidente fundador de la Sociedad Friedrich Hayek.   Previamente fungió como director de comunicaciones del Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA). 

“ELA soberano” equivale a la independencia

Por: Lcdo. José Cabrera Costas

La libre asociación es una fórmula de descolonización válida y reconocida internacionalmente.  No existe problema alguno con que un elector puertorriqueño vote por dicha fórmula consiente de sus implicaciones.  No obstante, debido a la desinformación promulgada en la discusión del estatus, es posible que un sector del electorado que desea preservar la unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos vote por la libre asociación, nombrada “ELA soberano” en la papeleta del plebiscito, pensando equivocadamente que con su voto apoya la continuación del actual estatus territorial y desconociendo las consecuencias de su voto.

La libre asociación es una formula de estatus que se establece mediante un tratado hecho entre dos naciones independientes.  Ésto porque sólo siendo independientes pueden contar con la soberanía necesaria para establecer dicho pacto.  En otras palabras, un pacto de libre asociación entre la nación A con la nación B sólo puede existir si ambas naciones son independientes.   Es por ello que la libre asociación se considera un tipo de independencia – hay que ser independiente para implementarla.

La libre asociación, junto a la independencia y la estadidad, es una de tres opciones de descolonización reconocidas por la Constitución de los Estados Unidos, las Naciones Unidas en su Resolución 1541 de 1960 y el derecho internacional.  Estados Unidos actualmente mantiene tratados de libre asociación con tres naciones independientes localizadas en el Océano Pacífico: la República de Palaos, los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall.

Como nos indica Richard Thornburgh, ex secretario de justicia federal y ex embajador de Estados Unidos a las Naciones Unidas, la libre asociación sólo puede ser implementada según el sistema constitucional americano entre dos naciones separadas y soberanas, no como parte de una unión política que provee beneficios asociados al estatus territorial, incluyendo la ciudadanía americana.  (Véase su libro Puerto Rico’s Future: A Time to Decide.)

En términos similares sobre la libre asociación recientemente comentó el ex gobernador Rafael Hernández Colón en una entrevista del periódico Caribbean Business:

The sovereign free associated state [ELA Soberano] is the same as independence, except that once independent, Puerto Rico would negotiate the terms of its relationship with the U.S. The fruit of this negotiation would create what would be called the sovereign free associated state. The U.S. doesn’t have to accept this. The U.S. doesn’t have to accept anything. In practical terms, this is like renouncing things we already have, and then ask for them in a future negotiation. It’s absurd. These negotiations imply an independent Puerto Rico, and the negotiations would be to set the conditions under which Puerto Rico is independent.

 Por otro lado, para que un tratado de libre asociación entre dos naciones no tenga vestigios de colonialismo, se requiere que cada nación pueda unilateralmente retirarse del pacto.  De existir un tratado de libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos, cualquiera de las dos naciones podría en cualquier momento rechazar el pacto.  Puerto Rico quedaría entonces como una república totalmente independiente.

Sobre estas particularidades de la libre asociación nos comenta el ex embajador de Estados Unidos en Micronesia y ex director de la Oficina de Asuntos Territoriales del gobierno federal, Fred M. Zeder II, en una columna del Puerto Rico Herald:

[…] free association must be terminable at will by either party in order to establish that the relationship is consistent with separate sovereignty and the right of self-determination is preserved. This international standard, also recognized by the U.S., is based on the requirement that free association not be allowed to become merely a new form of internationally accepted colonialism.

Los proponentes de la libre asociación aseveran que ésta no equivale a la independencia porque si la libre asociación significara independencia se le llamaría de esa manera.  No obstante, sabemos que el nombre no establece el concepto.  Se le llame libre asociación, república asociada o soberanía, la libre asociación equivale a la independencia porque para que Puerto Rico establezca un tratado de libre asociación con Estados Unidos primero tiene que ser una nación independiente de Estados Unidos.  Es por eso que la papeleta plebiscitaria del 6 de noviembre declara que el ELA soberano “se basaría en una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas.”

Según expresado, es respetable que un elector vote por el “ELA soberano” si dicho elector esta conciente de que con su voto pide la independencia para Puerto Rico.  El suyo es un voto descolonizador.  Sin embargo, ciertos sectores políticos promueven un voto por el “ELA soberano” como si éste fuera una versión del inconstitucional y ficticio “ELA mejorado”.  Ahí yace el engaño.

El “ELA soberano” no implica la continuación del estatus territorial vigente sino la separación de Puerto Rico del entorno americano y su establecimiento como una república independiente y soberana.  Las palabras del ex gobernador Hernández Colón sobre esta confusión merecen consideración:

The people of Puerto Rico would never vote for independence. What’s happening now with the polls […] shows that people are confused about what the ballot says. If they understood what it said, they wouldn’t support the sovereign free associated state. A vote for ELA Soberano means we have to renounce our U.S. citizenship and our participation in federal funding programs so that later, we can negotiate to ask for these things back. There is no way that this option would get even 20% of the votes.

En el plebiscito del 6 de noviembre el electorado tendrá la opción de votar por la libre asociación bajo el nombre de “ELA soberano”.  Aunque una opción aparte a la independencia, la libre asociación, conceptualmente y en práctica, es un tipo de independencia ya que para implementarla se requiere que Puerto Rico se independice de Estados Unidos.

Por lo tanto, un voto por el “ELA soberano” equivale a un voto por la independencia.

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NOTA: José Cabrera Costas (@JCabreraCostas) es abogado, notario público y propietario de Cabrera Costas Law Office. En el 2007 reactivó el Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA) y fue su Presidente Nacional hasta el 2009.  Luego lanzó el Proyecto Estrella para orientar sobre la estadidad de cara al plebiscito de estatus del 2012. Ha discutido sobre la estadidad en programas como The Stream de Al Jazeera America.

La ficción del “ELA mejorado”

Por: Lcdo. José Cabrera Costas

Según comenta el economista Thomas Sowell, quienes rehúsan tomar una decisión difícil entre dos opciones se esmeran en desarrollar una tercera alternativa que comúnmente lleva al desastre.  (Véase su libro Dismantling America).  Tal es el caso de la fantasía que conocemos como “Estado Libre Asociado mejorado”, una ficción que combina elementos de la estadidad y la independencia, pero que resulta incompatible con la Constitución, las leyes y la política pública de los Estados Unidos.

Los residentes de Guam, una isla territorio de los Estados Unidos localizada en el Océano Pacífico, conocieron de la invalidez de un “ELA mejorado” cuando en 1997  su gobierno local le propuso al gobierno federal la creación de un estado libre asociado mejorado.  Oportunamente, el delegado de Guam al Congreso radicó un proyecto de ley titulado el Guam Commonwealth Act.  Este proyecto procuraba que los líderes políticos de Guam ejercieran control pleno sobre sus asuntos domésticos y relaciones internacionales.  Dicho proyecto también requería que existiera “consentimiento común” entre los Estados Unidos y su territorio Guam en lo referente a la aplicación de leyes federales en Guam y sobre cualquier cambio en el estatus político de Guam.

El Departamento de Justicia federal, el Departamento del Interior federal y el Congreso rechazaron rotundamente la propuesta de “ELA mejorado” de Guam.   El Departamento de Justicia federal indicó mediante un memorando en 1994 que las exigencias de “consentimiento común” no obligaban al Congreso, no se podían hacer cumplir y que las mismas eran ilusorias y engañosas.   Posteriormente, el subsecretario del Interior John Garamendi declaró durante vistas congresionales en 1997 que la administración del Presidente Bill Clinton consideraba que requerir “consentimiento común” en la aplicación de leyes federales en Guam era inconstitucional e incompatible con la soberanía de los Estados Unidos sobre Guam.  Con estas declaraciones el Congreso rechazó el Guam Commonwealth Act.  (Véase Richard Thornburg, Puerto Rico’s Future: A Time to Decide).

El intento fallido de Guam por conseguir un “estado libre asociado mejorado” debe servirle de guía al electorado puertorriqueño.  Como nos indica el ex secretario de justicia federal Richard Thornburgh, legalmente no es posible resolver el problema de estatus de Puerto Rico combinando características de la estadidad con características de la independencia para crear un “ELA mejorado” que de su faz es incompatible con la Constitución de los Estados Unidos.  (Véase Puerto Rico’s Future: A Time to Decide).

Resolver el problema de estatus de Puerto Rico requiere hablarle con la verdad al pueblo. Los residentes de Guam ya aprendieron que la Constitución de los Estados Unidos no permite un “ELA soberano”.  A saber, las únicas formulas descolonizadoras que permite la Constitución federal son la independencia y la estadidad.  Ante esta realidad, nos urge tomar una decisión sobre nuestro futuro en el plebiscito del 6 de noviembre.

Las opciones son claras: estadidad o independencia.  Sólo resta decidir.

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NOTA: José Cabrera Costas (@JCabreraCostas) es abogado, notario público y propietario de Cabrera Costas Law Office. En el 2007 reactivó el Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA) y fue su Presidente Nacional hasta el 2009.  Luego lanzó el Proyecto Estrella para orientar sobre la estadidad de cara al plebiscito de estatus del 2012. Ha discutido sobre la estadidad en programas como The Stream de Al Jazeera America.

Ganadores del segundo concurso de ensayos

Nos complace anunciar los ganadores del segundo concurso de ensayos de Proyecto Estrella.  He aquí los ganadores:

Primer lugar: Isabel Palma Rodríguez
Segundo lugar: Víctor Pérez Vargas
Tercer lugar: Eduardo Náter Ramos

 

Faltan poco más de dos meses para que los electores tengan la oportunidad de descolonizar a Puerto Rico. Es imperativo identificar por qué el actual sistema territorial es deficiente, indigno y un estorbo para el desarrollo de nuestra sociedad. Por ello celebramos este ejercicio para darle difusión a diversas voces a favor de la descolonización y la igualdad para todos.

Felicitamos a los ganadores y agradecemos a los participantes que tomaron de su tiempo para compartir sus pensamientos sobre por qué el status territorial de Puerto Rico no sirve.  Próximamente publicaremos sus escritos.

Pendientes al próximo concurso y ¡gracias por, nuevamente, hacer de esta iniciativa un éxito!