Gobierno de Puerto Rico combate mandato del Pueblo con fondos públicos

Ayer trascendió mediante el blog soyPATRIA que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) utiliza fondos públicos para cabildear en Washington, DC en contra del mandato que dio el Pueblo en el pasado plebiscito en rechazo al estatus territorial de Puerto Rico y a favor de la estadidad.

GOBIERNO DE PUERTO RICO MANIPULA RESULTADOS DEL PLEBISCITO

Juan Eugenio Hernández Mayoral, exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD) y actual Director Ejecutivo de PRFAA, cursó una carta con fecha del 15 de mayo de 2013 a miembros del Congreso cuyo contenido manipula los resultados del plebiscito del pasado 6 de noviembre.

OPRIME EL SIGUIENTE ENLACE PARA DESCARGAR LA CARTA: Carta de PRFAA 

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Carta de Juan Eugenio Hernández Mayoral

La carta de Hernández Mayoral fundamenta su argumento en la Resolución Concurrente Núm. 24 que el pasado 14 de mayo de 2013 aprobó la Asamblea Legislativa de Puerto Rico controlada por el Partido Popular Democrático.

En su misiva, Hernández Mayoral asegura que el contenido de la Resolución representa la posición oficial del Gobierno de Puerto Rico bajo el Gobernador Alejandro García Padilla sobre los resultados del plebiscito.

A saber, en dicha consulta una mayoría de 54% rechazó el actual estatus territorial de Puerto Rico y una mayoría de 61% favoreció la estadidad como estatus permanente para Puerto Rico.  Así lo hizo constar la Comisión Estatal de Elecciones mediante certificación.

Posteriormente la Casa Blanca de Barack Obama reconoció que los resultados del plebiscito fueron claros y que una mayoría de los electores puertorriqueños escogió la estadidad.

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Politico.com reporta sobre la postura de Casa Blanca ante el plebiscito.

Sin embargo, la Resolución de la Asamblea Legislativa increíblemente asevera que los resultados del plebiscito no fueron claros.

Asimismo, la Resolución indica que el Pueblo de Puerto Rico rechazó la estadidad.  Para llegar a esta conclusión, la Resolución indica que en los resultados se deben contar las papeletas en blanco como votos en contra de la estadidad.

Así, el Partido Popular Democrático pretende diluir el porcentaje mayoritario de 61% que recibió la estadidad y reducirlo a un ficticio 44%.  Es mediante este proceso de alquimia matemática que la Asamblea Legislativa aduce que un 56% de los electores rechazó la estadidad.

No obstante esta posición fantasiosa e inverosímil , las pretensiones de la Asamblea Legislativa chocan con el derecho vigente en Puerto Rico.

PAPELETAS EN BLANCO NO CUENTAN

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en el caso Suárez Cáceres v. Comisión Estatal de Elecciones (2009 TSPR 97) que las papeletas en blanco no se cuentan en los resultados.  Esto porque las papeletas en blanco no son votos y por tanto no se incluyen en los resultados oficiales de una elección o consulta.

El juez asociado Erick Kolthoff Caraballo, quien escribió la opinión del Tribunal, nos indica:

La intención de un elector que deposita su papeleta en blanco […] es expresar su inconformidad, ya sea con las propuestas presentadas o con los candidatos disponibles en ésta. No obstante, tal voto de ninguna manera puede ser contado para efectos de influir o afectar el resultado de una elección, referéndum o plebiscito, entre otros eventos electorales.

Contrario a lo que propone la Asamblea Legislativa popular, el Tribunal Supremo dictaminó que no puede utilizarse la papeleta en blanco de un elector “para que se cuente –ya sea a favor o en contra de candidato u opción alguna- si su intención claramente ha sido lo contrario.”

Como vemos, la opinión de la Asamblea Legislativa y del gobierno de turno de que las papeletas en blanco se deben adjudicar como votos en contra de la estadidad no tiene base legal.

Cabe resaltar que la decisión en Suárez Cáceres v. CEE surgió como resultado de una demanda incoada por Jorge Suárez Cáceres, actual senador y Secretario General del Partido Popular Democrático, quien irónicamente pidió que no se contaran papeletas en blanco emitidas en las elecciones generales de 2008.

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Secretario General del PPD Jorge Suárez Cáceres

Suárez Cáceres entonces exigió que se descartaran las papeletas en blanco para él ocupar el último escaño senatorial disponible para el PPD al aplicar la disposición constitucional sobre minorías.  El Tribunal Supremo resolvió a su favor y permitió su elección como senador, quedando José Luis Dalmau Santiago fuera del Senado.

Por otro lado, discutiendo el asunto de las papeletas en blanco, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá ha sido categórico sobre la invalidez de dichas papeletas.  El exmandatario popular aprovechó una entrevista con Univisión justo antes del plebiscito del 2012 para recalcar que “una papeleta en blanco no se cuenta”.

Acto seguido, Acevedo Vilá exhortó a los electores del PPD a no dejar la papeleta plebiscitaria en blanco y a votar por el estatus territorial en la primera pregunta y por la libre asociación en la segunda.

ACTUACIONES DEL GOBIERNO ATENTAN CONTRA LA DEMOCRACIA

Las ejecutorias de Hernández Mayoral y la oficina de PRFAA en contra de los resultados del plebiscito constituyen actos ilegales que atentan contra la democracia en Puerto Rico.

Por medio de esta dependencia gubernamental, el Gobernador Alejandro García Padilla utiliza fondos públicos para hacer falsas representaciones sobre los resultados del plebiscito ante el gobierno federal y el Congreso.  Así, García Padilla se burla del electorado puertorriqueño y socava el mandato plebiscitario del mismo Pueblo que lo eligió gobernador.

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Gobernador Alejandro García Padilla

Además de atentar contra los principios más básicos de la democracia, la Administración García Padilla demuestra que “le vale” el estado de derecho en Puerto Rico y las decisiones del Tribunal Supremo.

Sin embargo, esto no debe sorprender ya que las ramas políticas controladas por el Partido Popular Democrático recientemente han desarrollado un patrón nefasto de ignorar las decisiones del Tribunal Supremo que no le favorecen.

El caso omiso del Gobierno de Puerto Rico al precedente de Suárez Cáceres v. CEE se suma a la recientes declaraciones del Presidente del Senado Eduardo Bhatia de que ignorará al Tribunal Supremo y las expresiones del Gobernador Alejandro García Padilla llamando “enemigos interiores” a miembros del alto tribunal.

Varios comentaristas han aseverado que estas actuaciones están propiciando una incipiente crisis constitucional en Puerto Rico.

A RESPETAR EL MANDATO DEL PUEBLO

Ante estas actuaciones ilegales y antidemocráticas del Gobierno de Puerto Rico, el movimiento estadista espera que el Comisionado Residente y Presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi haga valer su advertencia previa de que “estamos listos para acudir a los tribunales a la primera gestión que realicen con fondos públicos en contra del resultado plebiscitario”.

Asimismo, los puertorriqueños no podemos permitir que la Administración García Padilla utilice nuestro dinero para negarnos el rumbo que escogimos como Pueblo.

El Gobierno de Puerto Rico tiene una obligación legal y moral de hacer valer los resultados del plebiscito.  El gobierno de turno podrá diferir de la opinión del Pueblo en cuanto al futuro estatus de Puerto Rico, pero no puede obstaculizar el cambio de estatus que ese Pueblo pidió en las urnas.

Jesús T. Piñero y la estadidad

pineroJesús T. Piñero es recordado como el primer puertorriqueño en ser Gobernador de Puerto Rico.  Fue nombrado por el Presidente Harry S. Truman y sirvió de 1946 a 1949.

Previamente había sido electo Comisionado Residente en Washington en el 1944 por el Partido Popular Democrático, además de ser miembro fundador de ese partido y arquitecto de su campaña de inscripción en el 1940.

En marzo de 1949, dos meses luego de salir de La Fortaleza, Piñero le expresó a un reportero del Richmond Times-Dispatch que el futuro de Puerto Rico debería conducir hacia la estadidad.  De paso rechazó la independencia por sus efectos nefastos para el desarrollo económico de la Isla. (Véase Jaime Partsch, Jesús T. Piñero: el exiliado en su patria).

Sobretodo, Piñero aseveró que con la estadidad los puertorriqueños serían “ciudadanos de primera clase de la nación más grande de la tierra.”

Posteriormente, en 1951 el periodista Teófilo Maldonado le preguntó a Piñero cuál de sus ejecutorias como Gobernador había sido de mayor provecho para el pueblo puertorriqueño, a lo que respondió:

Me parece que mi actuación de mayor beneficio para la Isla mientras fui Gobernador… fue concurrir como Delegado a la Convención Nacional del Partido Demócrata y votar por la nominación de Harry S. Truman para Presidente.

Según comenta el profesor Partsch, “aun el logro de conseguir para el pueblo puertorriqueño el derecho a votar por su gobernador no se compara en la mente de Piñero con el hecho de haber apoyado, junto con la delegación puertorriqueña, la nominación de Truman”.

Como vemos, Jesús T. Piñero, el primer gobernador puertorriqueño, estuvo claro en sus últimos años de vida que Puerto Rico debería convertirse en estado federado para vindicar los derechos que le correspondían a los puertorriqueños como ciudadanos americanos.

La insensibilidad de un colonialista empedernido

No los queremos” y “no los necesitamos”.

Aunque el lector pudiera confundir estas notorias frases como propias de Fidel Castro, así se expresó hoy el joven José Aníbal Herrero Acevedo, sobrino del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, sobre los cientos de miles de puertorriqueños que se mudaron a los estados continentales debido a los problemas de Puerto Rico.

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Las expresiones de Herrero Acevedo contrastan con las del gobernador Alejandro García Padilla, del oficialista Partido Popular Democrático, quien aceptó que la colonia logró que el 40% de los jóvenes preparados se marcharan de Puerto Rico.  Éste enfatizó que retenerlos es una prioridad porque de lo contrario “nos quedamos sin país”.

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Es lamentable que un joven activista del Partido Popular demuestre tanta insensibilidad hacia hermanos puertorriqueños que tuvieron que dejar atrás sus hogares en busca de un mejor futuro.

Un mejor futuro que colonialistas como Herrero Acevedo le niegan a los puertorriqueños en su empeño de mantener viva una colonia indigna, retrógrada y antidemocrática.

Descorriendo el velo del nuevo pacto

Por: Gerardo J. Cruz Ortiz

Hoy día vemos al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) sumergido en la práctica de la arquelogía jurídica con el fin de elaborar una teoría legal que justifique el desarrollo del Estado Libre Asociado (ELA). Como resultado de este ejercicio banal, no nos debe sorprender que las bases jurídicas sobre las cuales se fundamenta esta teoría del nuevo pacto son altamente cuestionables a la luz del ordenamiento constitucional estadounidense. Ante el peligro inminente que representan las intenciones aviesas del PPD para la democracia puertorriqueña, nos vemos en la obligación de utilizar este espacio para orientar al pueblo sobre en qué consiste dicha teoría.

¿Pueden Puerto Rico y Estados Unidos constituir una unión permanente–una unión que le garantice la ciudadanía estadounidense al pueblo de Puerto Rico–sin la anexión de Puerto Rico como estado de la Unión?

Los defensores de un ELA mejorado alegan que nada en la Constitución federal le impide al Congreso formar parte del nuevo pacto; por consiguiente, el Congreso sí podría hacerlo. De hecho, algunos van más allá al sugerir que Puerto Rico y Estados Unidos ya tienen un pacto de asociación y que lo único que necesitamos es lograr su reconocimiento por parte  del Congreso.

El problema con la teoría del pacto es que refleja un profundo desconocimiento sobre la Constitución y de los poderes que delega al Congreso. Para descorrer el velo de esta teoría es necesario examinar sus dos componentes principales: la unión permanente y la garantía de la ciudadanía.

Nadie puede negar que el Congreso tiene el poder para ser creativo en Puerto Rico. De hecho, el Congreso ya ha sido sumamente creativo en nuestro país. El asunto medular es que, sin importar los experimientos que el Congreso pueda llevar a cabo con respecto a la isla, lo que éste no puede hacer es obligar a Estados Unidos a formar parte de un pacto bilateral con una entidad no estatal–un pacto que afirme la nacionalidad de cada parte, pero del cual ninguna parte pueda retirarse sin el consentimiento expreso de la otra parte. El sugerir lo contrario sería soslayar todo el marco jurídico que gobierna la soberanía nacional, las fronteras territoriales y la misma autodeterminación. Si algún Congreso futuro (o el Ejecutivo) determinase que los intereses de Estados Unidos requieren rescindir de dicho pacto con Puerto Rico, entonces Estados Unidos tendría todo el derecho, como nación soberana, de disolver ese acuerdo. Esta determianción pertenecería exclusivamente a las ramas políticas del gobierno, por lo que ningún tribunal podría entender en la controversia y mucho menos revertirla.

En cuanto a la ciudadanía, los puertorriqueños somos ciudadanos estatutarios, según disponen las secciones 301(a) y 302 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La ciudadanía estatutaria está constitucionalmente protegida no por la Decimocuarta Enmienda, sino por la Claúsula del Debido Proceso de Ley. El Congreso, por consiguiente, no tiene la facultad de revocar unilateralmente la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños. A tenor con la jurisprudencia federal, uno no puede ser privado de la ciudadanía estadounidense que ya uno tiene a menos que exista evidencia contundente que demuestre la intención de renunciar a la misma.

Esto, sin embargo, es diferente a una garantía de que el Congreso continuará extendiéndole la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, según sugiere la teoría del nuevo pacto. Ningún Congreso puede hacer esta promesa porque, sencillamente, todos los Congresos subsiguientes siempre tendrán el poder para enmendar los estatutos referentes a la ciudadanía.

Es sumamente injusto para los electores puertorriqueños que se les ofrezca una opción que no es constitucionalmente viable precisamente porque podrían votar por ella. Permitirle al pueblo votar por unas promesas huecas que el Congreso no puede cumplir no vindica los valores de la autodeterminación sino que, por el contrario, se burla de ellos.

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El autor es estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez y es presidente fundador de la Sociedad Friedrich Hayek.   Previamente fungió como director de comunicaciones del Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA).